Fragmento

Cuando Rachel Carson emprendió la tarea de definir la defensa de la salud ambiental a principios de 1960, hizo que el proceso gubernamental de control pareciera simple y directo. “La mayor parte del conocimiento necesario ahora está disponible, pero no lo utilizamos”, escribió en su libro Silent Spring, de 1962. “Entrenamos ecologistas en nuestras universidades e incluso los contratamos en nuestras agencias gubernamentales, pero rara vez requerimos sus consejos. Permitimos que la lluvia química mortal caiga como si no hubiese otra alternativa, mientras que de hecho hay varias, y nuestro ingenio podría pronto descubrir más si se le diera la oportunidad”. Carson muy probablemente quedaría deslumbrada por la frecuencia con que los gobiernos de todos los colores han llamado a científicos expertos para ayudar a poblar una galaxia de reglamentos que se extiende desde la más humilde de las municipalidades hasta la economía global. No obstante, el nacimiento de este nuevo mundo de prevención y protección no ha sido ni ordenado ni consistente. La comunidad científica genera volúmenes de datos sobre los potenciales peligros para la salud humana, pero el proceso de interpretación —que termina en el desarrollo de políticas— es, por lo general, moldeado fuertemente por intereses políticos, económicos e, incluso, culturales, los que pueden variar dramáticamente de un riesgo a otro, tanto como de una jurisdicción a otra.

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2011-07-22   |   760 visitas   |   Evalua este artículo 0 valoraciones

Vol. 11 Núm.32. Abril-Junio 2009 Pags. A36-A42 CyT 2009; 11(32)